(Sin fines de lucro)

miércoles, 26 de octubre de 2016

Diputados tratan hoy proyecto que prohíbe publicidad no autorizada en celulares

La Cámara de Diputados prevé, este miércoles,  el análisis el proyecto de ley que prohíbe la publicidad no autorizada por los usuarios titulares de telefonía móvil. El inicio de la sesión ordinaria está marcado para las 14:00.

La normativa propone establecer un registro de protección para los usuarios del servicio de telefonía móvil, contra los abusos que se producen en el procedimiento de contacto, con fines promocionales, de oferta, compra y venta de bienes y servicios.
En ese registro podrán inscribirse las personas físicas y jurídicas, titulares de telefonías, que manifiesten su voluntad de no ser contactados para fines publicitarios y/o promocionales.
También plantea que en caso de que las empresas continúen con las iniciativas de intentar ponerse en contacto con el usuario, a pesar de estar inscripto en el registro, se las sancionará económicamente y administrativamente.
Servicio Militar Obligatorio
En el orden del día de la Cámara Baja también figura el tratamiento del proyecto de ley que reglamenta el servicio militar obligatorio (SMO), presentado por la diputada liberal, María Carísimo.
Foto Ilustración.
Foto Ilustración.
La propuesta plantea que el servicio militar dure 12 meses para los jóvenes de 18 años de edad, e incluye a mujeres.
La prestación del servicio militar tendrá una remuneración mensual equivalente a 13 jornales mínimo diario (912.028 guaraníes) que cada conscripto percibirá al término de su servicio, una vez aprobada la capacitación técnica que hubiera elegido.
Los ciudadanos que tengan el primero de la Media aprobado y una vez cumplido los 18 años de edad, tendrán derecho a inscribirse en cursos dictados por el Sistema Nacional de Promoción Profesional (SNPP) o por el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal).
En estos casos será obligatoria la instrucción militar en instituciones castrenses durante un período de dos meses. La ley obliga a las empresas privadas e instituciones públicas a retener los puestos de los empleados llamados al servicio militar.