(Sin fines de lucro)

jueves, 1 de diciembre de 2016

BCP califica de riesgosa decisión del Senado sobre costo de la política monetaria

 El Banco Central del Paraguay (BCP) considera que la decisión del Senado podría tener consecuencias negativas en términos del bienestar de la población y de la imagen del país. En un comunicado publicado en su página web, explica los alcances de la decisión del Congreso. La Cámara de Senadores votó a favor del establecimiento de un tope al Presupuesto Monetario del BCP para el 2017.

La medida fue adoptada en función al promedio anualizado de los últimos 36 meses, poniendo de esta manera un límite al costo de la Política Monetaria, según detalla el comunicado de la banca matriz.
Al respecto, el BCP destaca que la entidad conduce su política monetaria bajo un “esquema de metas de inflación” desde mayo de 2011, y por medio de este régimen, el banco reconoce a la estabilidad de precios como su objetivo principal de política monetaria.
Este esquema requiere un compromiso público por parte de las autoridades monetarias en alcanzar una meta explícita de inflación dentro de un horizonte de política monetaria.
Bajo este régimen, la política monetaria se conduce mediante el análisis prospectivo de las variables macroeconómicas, es decir, se consideran condiciones y elementos a futuro (forward looking).
Por lo tanto, limitar el presupuesto monetario en función a un promedio del pasado para el BCP es una contradicción con el esquema de política monetaria actual, dado que el escenario económico en los próximos años puede ser menos benigno que en el pasado reciente y, por ende, los recursos requeridos para el manejo eficiente de la política monetaria, en caso de existir un tope presupuestario, pueden resultar insuficientes.
Es por eso que el BCP declara a esta decisión del Senado como altamente riesgosa para el mantenimiento de la estabilidad monetaria, uno de los activos intangibles más importantes que el país ha construido a lo largo de más de una década, considerando que cercena la capacidad de la autoridad monetaria para cumplir con su meta de inflación del 4,5 %.
Con respecto al tope señalado y conforme a la metodología propuesta por el Senado, se ha evaluado el potencial impacto de esta decisión sobre la política monetaria mediante la realización de un ejercicio de simulación de los límites que se hubiera establecido para años anteriores, y comparándolos con los presupuestos efectivamente ejecutados.
Los resultados del ejercicio muestran que, a partir del año 2011 el BCP no habría podido cubrir los costos necesarios para ejercer la política monetaria con efectividad conforme a su mandato constitucional, y con esta definición, para el BCP se demuestra claramente la limitación que esta normativa, sustentada en datos del pasado, impondría sobre la capacidad de reacción de la banca matriz  ante cambios en el escenario económico, tanto internos como externos.
Además, el BCP sostiene que la complejidad y la volatilidad del mercado financiero se acentuaron en los últimos años, por lo que la banca matriz ve con dificultad precisar el costo de la política monetaria hacia adelante.
Agregado, la institución pública sostiene que es conveniente resaltar que las tasas internacionales en los últimos 36 meses han permanecido inusualmente bajas. No obstante, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos impondría un cambio importante en la coyuntura económica y monetaria.
Sin embargo, el BCP no rehúye de su obligación constitucional de presentar informes cuatrimestrales de la ejecución de la política monetaria al Congreso Nacional, al tiempo de aclarar que los mismos están disponibles para toda la sociedad en la página web del Banco Central.
Asimismo, el BCP aclara que el nivel del gasto de política monetaria no puede ser discrecional, sino que es estrictamente función de la coyuntura económica vigente y del escenario económico esperado, y es por eso que la banca matriz sostiene que limitar el presupuesto monetario del BCP impediría cumplir con efectividad su mandato constitucional y legal, con las consabidas consecuencias negativas en términos del bienestar de la población y de la imagen del país.