(Sin fines de lucro)

jueves, 15 de diciembre de 2016

Liberan secreto bancario para Seprelad y Fiscalía

La Cámara Baja se ratificó en su versión del Proyecto de Ley “De modernización y fortalecimiento de las normas que regulan el funcionamiento del Sistema Financiero Paraguayo”, más conocido como “Ley de Bancos”. La normativa, de este modo, quedó sancionada.

El texto elimina el secreto bancario para la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Las modificaciones introducidas por Diputados permitirán que las entidades mencionadas tengan acceso a las cuentas o movimientos bancarios de cualquier persona o entidad sin orden judicial previa.

Según explicaron los legisladores, la versión Cámara de Diputados del proyecto de Ley garantizará procesos de transparencia en la gestión.

El legislador Eber Ovelar (ANR-Caaguazú), resaltó la necesidad de dotar a los organismos como Seprelad y el Ministerio Público, de instrumentos que ayuden a cumplir a cabalidad sus funciones, así como las tareas de prevención del lavado de dinero, considerado que se trata de uno de los hechos punibles más difíciles de investigar y condenar.

El congresista Juan Bartolomé Ramírez (PLRA-Amambay), indicó que el secreto bancario es un tema discutido desde hace tiempo.

“En alguna oportunidad voté en contra de esa posibilidad, pero hoy, ante la marcada evidencia de que las investigaciones por lavado de dinero y narcotráfico dominan el espectro financiero en todas sus dimensiones, genera y coopera con diversos crímenes, debo pedir aceptar la versión de la Cámara Baja”, expuso.

Por su parte, el diputado Pablino Rodríguez (ANR-Misiones), explicó que esta Ley permitirá adaptar a Paraguay al sistema financiero mundial que se encuentra constantemente innovando.

Otros legisladores que se manifestaron a favor del texto fueron Ramón Romero Roa (ANR-Alto Paraná); Pastor Vera (PLRA-San Pedro); y Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí).

En contrapartida, el diputado Aldo Vera (AP-Capital), manifestó su postura a favor de la sanción emitida por el Senado, ya que, a su parecer, el documento contiene puntos lesivos de la norma constitucional en lo que hace al recíproco control entre los poderes del Estado.

La Cámara Baja se ratificó  con lo que el texto fue sancionado y remitido al Ejecutivo para su promulgación o veto. 
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