(Sin fines de lucro)

miércoles, 31 de mayo de 2017

Fedecamaras pide que se ratifique proyecto original sobre las S.A.

El Grupo de Trabajo Empresarial, Fedecamaras apoya la posición asumida por representantes de la Abogacía del Tesoro, del Banco Central del Paraguay (BCP) y de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad), que pide que los diputados se ratifiquen en su versión sobre la eliminación de las sociedades anónimas (SA).



El proyecto de ley obliga a las sociedades anónimas (SA) a que todas sus acciones sean nominativas. El proyecto de ley busca que las empresas que están bajo la figura de sociedades anónimas desaparezcan.  

El Senado modificó el artículo 3, donde se exponía que tener acciones nominadas o innominadas sea una opción y no una obligación, lo que para los defensores del proyecto es un impedimento para la transparencia, que es lo que se pretende paliar.

“El día 31 de mayo se va a discutir nuevamente el tema de las sociedades anónimas, que van a seguir, solo que será reglamentado. Si esto no se aprueba como lo esta pidiendo el ministro de la Seprelad, el Banco Central, como lo dijimos nosotros al congreso nos vamos a quedar sin corresponsales en los Estados Unidos”, señaló Juan Armando Santamaria,  presidente de Fedecamaras.

“Ya hay bancos   que nos están cobrando 3 % por depositar 10 mil 1 dólar  y nos están cobrando a veces hasta medio % por hacer transferencias bancarias. Esto no puede ser. Le pido a presidente del congreso, que tomen un decisión correcta por la patria, porque si nos dificulta el comercio, no solo afectará a las fronteras sino a todo el país”, añadió.

Dijo que se trata  de una herramienta que debe transformarse en acciones nominativas para que se pueda tener transacciones directas con los Estados Unidos y no buscar puentes. “Pido que no mezclemos las cosas. Esto es no es una cuestión política, si no comercial.  Estoy seguro que el presidente del Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados van a volver a estudiar esto”.  

LA SITUACION.

Hay que  recordar que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), encargado de controlar los niveles de transparencia en diferentes países del mundo, busca que nuestro país aclare la situación de las empresas. En Paraguay, con este sistema de sociedades anónimas, no se sabe quién es el dueño ni los accionistas.

Lo que se propone con esta ley, que no solamente sería aplicable a bancos y financieras, sino a todas las compañías, es transparentar para evitar las empresas "pantalla" que buscan cubrir actividades ilícitas y lavado de dinero.

Este proyecto de ley, presentado por el diputado Éber Ovelar, de ser aprobado, también facilitaría detectar si existen estos casos de irregularidades al conocer directamente a los dueños.

Sin embargo, la Comisión de Legislación del Senado realizó algunas modificaciones en dos artículos, pero mantuvo la especificación de "acciones al portador", informando la lista de accionistas ante abogacía.

¿Qué pasa si no se aprueba esta ley?

El mismo Grupo de Acción Financiera volverá a poner sus ojos en Paraguay en el segundo semestre del 2018 y realizará una revisión. Si Paraguay no cumple el requisito, será uno de los países no cooperantes y puede volver a una lista gris, lo que perjudica la imagen país.

Este proyecto de ley tiene el visto bueno de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), el Banco Central del Paraguay (BCP) y la Asociación de Bancos del Paraguay (Asobán).

El Senado modificó el artículo 3, donde se exponía que tener acciones nominadas o innominadas sea una opción y no una obligación, lo que para los defensores del proyecto es un impedimento para la transparencia, que es lo que se pretende paliar.

En caso de que se tenga la figura innominada, esta modificación estipula como principal requisito que exista un registro de quienes asisten a las asambleas de accionistas; sin embargo, esto no garantiza que quien firme sea finalmente un simple testaferro.


En el proyecto original existía una sanción económica y la inhabilitación durante un plazo de dos años para las empresas, hasta que se pusieran en regla, en caso de no tener al menos al 90% de sus accionistas nominados.

Con la modificación de la Cámara Alta, el artículo estipula solo la inhabilitación, pero sin sanción económica. Según los proyectistas, esto es un punto en contra de la transparencia.