(Sin fines de lucro)

sábado, 5 de agosto de 2017

Ejecutivo devuelve al Congreso proyecto de Ley que subsidia deuda campesina

El Poder Ejecutivo, a través del decreto 7510, objetó totalmente el proyecto de Ley 5869/2017 “De Rehabilitación Financiera de los pequeños productores de la Agricultura Familiar Campesina cuyas fincas no excedan las 30 hectáreas”. 

La decisión fue comunicada al Congreso Nacional a través de una nota firmada por el presidente de la República, Horacio Cartes, y la ministra de Hacienda, Lea Giménez.

Entre las razones esgrimidas para esta decisión es que la Ley vetada adolece de deficiencias insalvables en cuanto a la falta de identificación de la cantidad de beneficiarios que serían objetos del subsidio, generándose una norma cuyo objetivo no es determinable. No existe, de esta manera, la manera de certificar el monto que estaría afectado en términos presupuestarios, así como tampoco el impacto fiscal y económico. 

La ley objetada no contempla los periodos de las deudas, lo que aumenta la imposibilidad de realizar una previsibilidad presupuestaria, lo que dificulta realizar una reglamentación administrativa; además de que genera una absoluta incertidumbre en torno a los potenciales beneficiarios, puesto que da lugar a la inclusión de personas que simplemente cumplan con el requisito de contar con una deuda. No existe, por tanto, un mecanismo de definir con claridad y objetividad la cantidad de beneficiarios eventuales a esta ley, situación que en términos presupuestarios representan una discrecionalidad no aceptable en términos de recursos financieros. 

Asimismo, señala que no resolvería los problemas de los productores de la agricultura familiar campesina y más bien los agravaría, ya que generaría un efecto contrario al esperado. Esto es porque los mismos quedarían excluidos como sujetos de créditos del sistema financiero formal, debilitando la capacidad productiva de los mismos a futuro. 

De esta manera, el Presidente Cartes siguió las recomendaciones elevadas desde el Ministerio de Hacienda. “Es cierto que en un principio tenía pensado dejar pasar esta Ley para evitar crispación social y posibles enfrentamientos violentos, pero al revisar los análisis económicos del impacto, entendí claramente que ponerla en ejecución condenaría el futuro económico de nuestro país”, señaló hoy el presidente Cartes al momento de comunicar su decisión. 

También recordó que algunos compararon esta ley con el programa Tekoporá y Adultos Mayores. “Para que tengan una idea, el costo total de estos dos programas es de 163 millones de dólares. El costo de esta Ley puede pasar los 3.200 millones de dólares, aproximadamente 25% del Presupuesto General de la Nación”, señaló en otro momento el Mandatario. 

La ministra de Hacienda, Lea Giménez, había advertido sobre las consecuencias negativas que esta normativa pudiera haber tenido sobre aspectos clave de la economía nacional, además de advertir su impacto sobre la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), así también la ausencia de fuente de financiamiento para cumplir su cometido.

La titular de Hacienda había señalado en su momento que el Tesoro no dispone de recursos adicionales para solventar los requerimientos establecidos en la referida Ley, así como tampoco se conoce el monto exacto ni de dónde saldrá el dinero para este efecto, y una serie de imprecisiones e imprevisiones más.