(Sin fines de lucro)

lunes, 18 de septiembre de 2017

El ministro del Interior griego, Panos Skurletis, aseguró que Grecia no aceptará nuevas medidas de ajuste decretadas por los organismos acreedores del país, especialmente si éstas provienen del Fondo Monetario Internacional (FMI). En una entrevista publicada este fin de semana por el dominical Real News, Skurletis respondió así a los rumores que apuntan a que el FMI podría estar preparando un nuevo paquete de reformas que presentar al Gobierno de Atenas, aunque admitió que si no se cumplen los objetivos marcados, se tendrán que revisar las políticas aplicadas por el Ejecutivo. Por otro lado, Skurletis indicó que el gobierno griego ha conseguido estabilizar la situación y que nuevas medidas podrían minar todo lo conseguido hasta ahora. Skurletis también comentó que Grecia vive un periodo de “desinversiones”, en referencia a la suspensión de las inversiones del grupo minero canadiense El dorado Gold, decidido la semana pasada por la empresa después de tres meses de negociaciones “infructuosas” con el ministerio griego de Medio Ambiente sobre la explotación de minas de oro en la península turística de Calcídica (norte del país). El ministro aseguró que el ejecutivo está a favor de la inversión, aunque no de la inversión “fuera de la ley”, al tiempo que atacó a los antiguos gobiernos del partido conservador Nueva Democracia y de los socialistas de Pasok, dominantes desde la vuelta de la democracia al país en 1974, por establecer como “norma” saltarse la ley. Skurletis calificó de positiva la salida del país del tercer memorándum en el 2018, aunque admitió que a partir de ahora “habrá otro tipo de controles económicos más suaves y menos intrusivos”, en referencia a los objetivos de superávit primario -antes de pago de la deuda- que deberá cumplir Grecia tras el fin del rescate. El mes pasado Fitch Ratings elevó la nota de la deuda soberana griega desde “CCC” a “B-”, con lo que ha mejorado la perspectiva de Estable a Positiva. La perspectiva Positiva reflejaba la expectativa de que la tercera evaluación del rescate, que comenzará en otoño, se complete sin que se genere una nueva inestabilidad. A ello se añade que la agencia espera que el Eurogrupo proporcione en el 2018, una vez que finalice el rescate, un alivio significativo de la deuda helena.

El Banco de España da por perdidos 40.000 millones de euros en ayudas públicas concedidas a la banca durante la crisis, según el último balance publicado por el supervisor, de carácter aún provisional.

Desde el 2009, el Estado, a través del Fondo de Reestructuración (Frob), ha inyectado 54.353 millones a entidades en crisis y cajas de ahorros de este importe y con datos al cierre del 2016, los fondos recuperables se elevan a 14.275 millones de euros, apenas la cuarta parte del total (26 por ciento).

Los 14.275 millones de euros se desglosan en 3.873 millones de euros que el Frob ya ha ingresado de modo efectivo mediante reintegros directos de ayudas o ingresos obtenidos con las subastas de las entidades nacionalizadas.

A este monto se suman 604 millones de euros procedentes de España, cuya devolución ya ha sido anunciada por Unicaja y, por último, 9.800 millones que podrían recuperarse en BFA-Bankia y BMN, equivalente a 40% del dinero inyectado en ambas entidades (24.000 millones), que están en pleno proceso de fusión. Supone dar por perdido 60% restante, unos 14.200 millones de euros.

El cálculo del importe recuperable “se basa en estimaciones y ejercicios de valoración, destacando especialmente el realizado en los casos de las participaciones del Frob en BFA-Bankia y BMN”, indica el banco de España. El valor de sus estimaciones se apoya, a su vez, en los importes registrados por el fondo público en sus cuentas anuales.

La venta de la participación de 66% que el Estado tiene en la nueva Bankia surgida tras la fusión con BMN es el activo clave para conocer la factura final de la crisis. No sólo por el volumen de ayudas comprometidas, sino por ser la única entidad (al margen de Sareb) en la que el Frob aún tiene presencia en el capital.

El Fondo público, que en marzo tomó la decisión de fusionar sus participaciones de 66% en Bankia y BMN por considerar que era la mejor alternativa para recuperar el dinero, acaba de contratar a Nomura para perfilar la estrategia con la que seguirán avanzando en la privatización, cuya fecha tope es diciembre del 2019.