(Sin fines de lucro)

miércoles, 7 de marzo de 2018

Se desacelera desigualdad en la distribución de ingresos

 

Según la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), “la desigualdad de la distribución del ingreso se ha reducido desde principios de la década de 2000 en la región, gracias a un aumento más rápido de los ingresos en los quintiles más bajos que en el resto de la población”.


Sin embargo, la organización advierte que “el ritmo de reducción de la desigualdad se ha desacelerado, por lo que los niveles registrados en 2016 son muy similares a los de 2014”.

Brecha de ingresos
Los expertos en el tema coinciden en que una de las expresiones más evidentes de la desigualdad de ingresos es la elevada brecha entre las personas que se encuentran en los extremos de la distribución. 
La CEPAL, usando los datos más recientes de las encuestas de hogares (que en la mayoría de los países analizados corresponde a 2016), encontró que el ingreso captado por el quintil más rico (el 20% más rico de la población) representa alrededor del 45% del ingreso total, mientras que el ingreso promedio del quintil de menores recursos (el 20% más pobre de la población) es de apenas un 6% de los ingresos totales. 

Es más, “las brechas de ingreso se presentan incluso dentro del quinto quintil, ya que el décimo decil (el 10% más rico) —cuya participación en el ingreso total promedia un 30%— percibe el doble del ingreso que el noveno decil. Cabe destacar, además, que el ingreso del 10% más rico de la población equivale aproximadamente al ingreso de los tres primeros quintiles, que abarcan a un 60% de la población”.

En Bolivia, la brecha desigualdad es levemente menor que el promedio regional, pero sigue el mismo patrón: el quintil más rico representa el 41% del ingreso total, mientras el quintil más pobre representa el 5% del ingreso total. 

Según la misma fuente de información, a nivel Lationamérica la brecha de ingresos entre los grupos de mayores y menores recursos ha disminuido desde inicios de la década de 2000. Entre 2002 y 2012, la participación promedio del primer quintil (el más pobre) en el ingreso total pasó del 4,8% al 6,2%, mientras que la del quinto quintil (el más rico) disminuyó del 50,7% al 45,0%. 

“En consecuencia”, dice la CEPAL, “la participación del quintil de mayores recursos pasó de ser 10,7 veces mayor a la del quintil de menores ingresos a 7,2 veces. Aunque de manera leve, la tendencia a la reducción de la desigualdad continuó entre 2012 y 2016. En 2016, el cociente entre la participación del quinto quintil (44,2%) y el primer quintil (6,5%) fue de 6,8 veces”.

El Gini también baja
Otra forma de medir la desigualdad es a través del índice de Gini, que toma valores entre 0 (para representar la ausencia de desigualdad) y 1 (para representar la desigualdad máxima), alcanza en América Latina un valor promedio de 0,467.

Entre países los datos son heterogéneos. Bolivia tiene un Gini levemente menor al promedio regional, alrededor de 0,45. En países como Brasil, Colombia, Guatemala, México y Panamá, el Gini supera el valor de 0,500. Mientras que en Argentina, Uruguay y Venezuela el Gini es menor a 0,400 (aunque los datos de este último son de 2014). 
Por otro lado, y al igual que en la brecha de desigualdad, la velocidad de reducción de desigualdad medida por el índice Gini también fue mayor en la primera década del siglo XXI, y menor en los últimos años. 

Así, entre 2002 y 2008, el promedio de reducción de desigualdad en la región tenía un ritmo del 1,5% anual. Entre 2008 y 2014, la reducción fue del 0,7% anual. Entre 2014 y 2016, la desigualdad promedio se redujo apenas un 0,4% al año. 
Las variaciones de reducción de desigualdad en cada uno de los países también son heterogéneas. Si bien Bolivia tiene un nivel de desigualdad apenas menor al promedio regional, el ritmo en que estuvo reduciendo su desigualdad está entre los más destacados. 

Entre 2002 y 2008, 14 países presentaron una disminución del índice de Gini del 1% anual o superior. Las mayores reducciones de la desigualdad se registraron en la Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, el Paraguay, el Perú y Venezuela. 

Entre 2008 y 2014, la reducción de la desigualdad fue superior al 1% anual solo en siete países: Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Perú, República Dominicana y Uruguay. Nicaragua fue el único país donde hubo un aumento “de magnitud” de la desigualdad.

En el subperíodo más reciente (2014 a 2016), el número de países con una reducción del índice de Gini de al menos un 1% anual disminuyó a cinco: Bolivia, Colombia, Chile, El Salvador y Paraguay. Mientras, los indicadores de desigualdad de la República Dominicana y de Venezuela presentaron un aumento.

Desigualdades laborales permanecen
La CEPAL destaca que “desde principios de la década pasada se viene registrando una mejoría significativa en diversos indicadores del mercado de trabajo, como la reducción del desempleo y del empleo en sectores de baja productividad, el aumento de la participación laboral femenina y mejoras de los ingresos laborales”. 

Así, “de la mano del aumento de la asalarización y formalización del empleo, el número y porcentaje de trabajadores que cotizaban en los sistemas de pensiones se elevó de un 38,3% en 2002 a un 50,3% en 2015”. 

Sin embargo, la misma institución reconoce que una elevada proporción de trabajadores aún continúa desprotegida. Este es el caso especialmente en Bolivia, donde las mejoras en materia de formalización y asalarización han sido muy escasas o prácticamente nulas en los últimos años.

Esto es importante, considerando que “la desigualdad en la forma de inserción laboral y en el acceso y la calidad de los empleos —asalarización, formalización de los contratos de trabajo, mantenimiento de trayectorias laborales más estables, y particularmente, en el monto de los ingresos mensuales— supone también una capacidad desigual para contribuir a los sistemas de pensiones y, al final de la vida laboral, acceder a una pensión suficiente”.

En este sentido, la CEPAL destaca las tasas de asalarización/formalización en países como Argentina, Chile, Costa Rica, México y Uruguay, con niveles superiores al 70% del total de ocupados.

En contraste, los países donde se registraban las menores tasas de asalarización de la fuerza de trabajo (menos del 50%) alrededor de 2015 eran Bolivia, Colombia, Honduras y el Perú.

De hecho, Bolivia tiene la proporción más baja de asalariados en relación a la población ocupada en toda la región, lo que implica que tiene el más alto nivel de informalidad laboral. 

El promedio Latinoamericano de asalariados como porcentaje de los ocupados fue en aumento constante. En 2002, era de 59,7%. En 2008 era 63,3%. Y en 2015 alcanzó al 64,5%. 

En cambio, en Bolivia la proporción era de 32,2% en 2002. Logró subir al 38,7% en 2008. Pero para el año 2015 la cifra cayó al 38,3%.

Los otros 3 países que tienen proporciones menores al 50% están muy por encima de Bolivia: Colombia alcanzó el 48,8% en 2015, Honduras el 47,5%, y Perú el 47,7%, el mismo año. 

Como se dijo anteriormente, uno de los principales problemas de la alta informalidad laboral y la baja asalarización, es que esto está correlacionado no sólo con la calidad del empleo (muy precario en la informalidad), sino también con la capacidad de los trabajadores para contribuir a los sistemas de pensiones y, al final de la vida laboral, acceder a una pensión suficiente y digna.

Desigualdad en pensiones y jubilaciones
A nivel regional, la CEPAL informa que entre 2002 y 2015, el porcentaje de trabajadores cotizantes o afiliados a sistemas de pensiones aumentó del 38,0% al 50,3%. Entre los trabajadores asalariados esa cifra pasó del 53,9% al 64,7%, un incremento de casi 11 puntos porcentuales equivalente a unos 40 millones de trabajadores. 

En contraposición, aunque el nivel de afiliación de los trabajadores no asalariados (en 14 países de la región) aumentó poco más de 8 puntos porcentuales, hacia 2015 era inferior al 18%.

Nuevamente, y pese a haber mejorado en los últimos años, Bolivia exhibe los niveles más bajos afiliación o cotización de los ocupados a los sistemas de pensiones en todo el continente. 

El año 2002, el 9,8% de los bolivianos ocupados estaban afiliados o cotizaban en el sistema de pensiones. Para el año 2008 la proporción subió al 13,1%, y el año 2015 se registró un nivel de 18,0%, muy inferior al promedio regional. 

Incluso países como Honduras (18,3%) y Paraguay (22,2%) tienen niveles más altos de contribución a los fondos de pensiones. 

La situación es particularmente dramática para los trabajadores no asalariados (en gran medida informales) en Bolivia, ya que apenas el 4% de ellos está afiliado o aporta al sistema de pensiones, mientras que el promedio regional es de 17,9%. 

Incluso entre los trabajadores asalariados, la CEPAL registra que sólo el 40,8% de ellos aporta al sistema de pensiones en Bolivia, mientras en Latinoamérica el promedio es de 64,7%.

¿Adultos mayores no se jubilan porque no quieren?
Poco más del 2% de los ocupados afiliados a sistemas de pensiones en Latinoamérica son personas de 65 años y más, por lo que “cabe preguntarse si esos trabajadores han postergado su edad de jubilación por interés propio, o si han debido hacerlo por la posible insuficiencia de ingresos que experimentarían si se acogieran al retiro”, cuestiona la CEPAL en su informe.

En abril de 2017, dos meses antes de asumir el cargo de Ministro de Economía en Bolivia, el entonces viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, ensayaba una respuesta a esta pregunta, al menos para el caso boliviano. 

Según Guillén, los bolivianos optan por demorar su jubilación porque “se sienten fuertes para trabajar” y porque la esperanza de vida es mayor.

“La esperanza de vida ha cambiado, pero también las condiciones de vida, del tema médico ha hecho que la gente a los 60 o 65 años tenga la posibilidad de trabajar o, es más, quiera seguir trabajando”, indicaba el ahora ministro en una entrevista con la radioemisora estatal Patria Nueva.

Sin embargo, desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), cuestionaron la afirmación de Guillén: “no puede estar más alejada de la realidad. Lo que sucede en nuestro país es que el sistema de pensiones basado en la capitalización individual, sin aporte empresarial y estatal, genera bajas rentas”. 

Además, “la baja cobertura del sistema de seguridad social de largo plazo, responde a la estructura del mercado de trabajo boliviano que no genera ocupaciones estables ni trayectorias laborales continuas que permitan a los trabajadores cotizar de manera regular y con los montos suficientes para asegurar una pensión de jubilación que garantice su bienestar en la vejez”