(Sin fines de lucro)

jueves, 9 de mayo de 2019

Propuesta de Gobierno Corporativo para Empresas Públicas enfatiza el control

Los Estados que mantienen la propiedad de Empresas Públicas enfrentan el desafío de transformar para mejor los resultados sociales y económicos para sus habitantes. Para eso se apunta al desarrollo institucional de las empresas, con un adecuado control profesional e independiente, separando los niveles de dirección o directorio de los ámbitos operativos.


El concepto de Gobierno Corporativo abarca buenas prácticas a nivel de dirección y control estratégico, auditorías y rendición de cuentas, siguiendo la línea de transparencia. Las Empresas Públicas conducidas bajo este enfoque contribuyen a una eficiente provisión de los bienes y servicios del Estado, lo que es avalado por la experiencia internacional, con casos de éxito en Chile, Perú, Canadá, entre otros países. 

La propuesta del Gobierno Corporativo para las Empresas Públicas del Paraguay se adecua a la realidad y desafíos nacionales, tomando las mejores prácticas internacionales. La misma fue realizada por profesionales compatriotas con el apoyo de organismos de cooperación internacional. Con esto se pone un fuerte énfasis en el control, lo cual se realizaría desde el directorio con un Comité de Auditoría y Finanzas, el fortalecimiento de las auditorías y un nuevo enfoque basado en la gestión de riesgos al interior de la empresa pública.

En cuanto a los Directorios, la propuesta busca instalar los directorios profesionales e independientes en las empresas públicas, replicando la experiencia reciente de la nueva Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento. Los directorios podrán constituirse por tres y hasta siete miembros, incluyendo al Presidente, y esa cantidad estará determinada por la naturaleza de cada empresa pública. Las remuneraciones de los miembros de los directorios serán limitadas, siguiendo las buenas prácticas del Gobierno Corporativo.

Esta es una segunda etapa en cuanto al control efectivo de las Empresas Públicas desde la instalación en el 2013 del Consejo de Empresas Públicas. El Consejo, que ejerce la propiedad en nombre del Estado, tendría la facultad de control y remoción de los directores, mientras que los Directorios tendrán la facultad de control y remoción de los cuadros gerenciales de las empresas, separándose así adecuadamente la visión de Estado y estratégica de la gestión operativa.

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