(Sin fines de lucro)

lunes, 9 de septiembre de 2019

La reactivación económica nos exige buenas políticas públicas

Frente a la ralentización económica por la que está pasando el país, igual que el resto del mundo, el Gobierno propuso un plan de reactivación económica basado en el impulso a infraestructura, vivienda, apoyo a la agricultura y el empleo. Del diseño de los programas a impulsar dependerá el impacto.
No es suficiente con impulsar el crecimiento económico, ya que en estos últimos años se ha visto que tuvo escaso efecto en el mercado laboral y, por ende, en el bienestar de las personas. La situación tenderá a empeorar y esta gestión tiene todavía muchos años en el Gobierno. Debe empezar a mostrar resultados para revertir la fuerte indisposición y el desprestigio que enfrenta.

La mirada debe estar puesta en la gente teniendo en cuenta que el aumento del PIB en el último quinquenio a tasas promedio del 3% fue insuficiente para impulsar mejoras en el nivel de empleo, los ingresos laborales y la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Los programas que reciban recursos adicionales con el objetivo de dinamizar la economía deben tener como objetivo explícito y resultados medibles la creación de nuevos empleos, el aumento de los ingresos laborales, la formalización del trabajo y la reducción de la pobreza como mínimo. Lo ideal es que también se incluyan indicadores de monitoreo que se refieran a la reducción de las brechas económicas, regionales y de género.

Como metas intermedias deben incluirse las relacionadas al aumento de la producción de alimentos y de los precios al productor, la disminución de los precios al consumidor, la mayor disponibilidad de frutas y verduras nacionales en los mercados locales, la cantidad de viviendas iniciadas y/o terminadas, la extensión de caminos y puentes rurales, entre otros indicadores necesarios para monitorear cuánto de los recursos llega efectivamente a beneficiar a la población.

El diseño y el seguimiento a los programas son de vital relevancia para la calidad del gasto. La forma en que se implementan estos tienen efectos diferenciados. No es lo mismo la construcción de viaductos que de viviendas en términos de generación de empleos directos e indirectos.

Los recursos dirigidos a la agricultura familiar sin acceso a mercados solo terminan beneficiando a intermediarios que tienen poder de mercado y fijan precios en contra de los productores y de los consumidores.

Procesos de contrataciones públicas deficientes benefician a proveedores del Estado inescrupulosos, rentistas y vinculados a políticos, excluyendo a empresarios serios que generan empleos formales. Si no se garantiza un marco institucional adecuado, los recursos que se inviertan no cumplirán con el objetivo de reactivar la economía en beneficio de la mayoría.

Así, cualquier objetivo, por bueno que sea, exige estudios previos, análisis de efectos potenciales y de cuellos de botella y, sobre todo, un monitoreo riguroso que capture cualquier desvío de las metas previstas. De otra manera, culminará el año 2020 sin resultados y con el desaliento ciudadano de que una vez más las promesas realizadas y los recursos invertidos no significaron nada en la vida de las personas.

Los riesgos de terminar en esa situación son menores si el Gobierno asume la responsabilidad de poner en primer lugar el interés general y el combate a la corrupción y al prebendarismo.

En el Paraguay tenemos una ciudadanía que está cada vez más activa en la defensa del Estado de Derecho.

Desde hace muchos años no se veían tantos colectivos sociales exigiendo mejoras en la educación, en la justicia, soberanía energética y reforma agraria.

La situación tenderá a empeorar y esta gestión tiene todavía muchos años en el Gobierno. Debe empezar a mostrar resultados para revertir la fuerte indisposición y el desprestigio que enfrenta.
Fuente Ultima Hora.

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